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¿Puede la policía pedirte que le des tu móvil?

En estos tiempos en que todo el mundo va equipado con una cámara de fotos en su móvil, discernir qué se puede fotografiar y qué vulnera el derecho a la intimidad puede resultar difícil.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la llamada Ley Mordaza, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que intenta regular el tratamiento de las herramientas de comunicación y almacenamiento de datos durante una investigación criminal.

Parece claro que dicha reforma era necesaria, dado que cuando se redactó la Ley en origen no existían los dispositivos móviles que hoy en día son ubicuos. Pero, a pesar de lo que se suele afirmar, esa reforma de la Ley no permite que un policía requise un teléfono móvil sin más.

Desde la Constitución española de 1978 se establece la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones a no ser que haya un resolución judicial motivada. En realidad, la nueva ley no ha cambiado esto (sería inconstitucional), por lo que la policía tiene que obtener primero una autorización de un juez para poder requisarnos el móvil (o tableta, o portátil). La autorización del juez debe incluir el acceso a todo los datos contenidos en él, pues si solo permitiera una parte concreta sería difícil asegurar que la policía accede solo a ella, cuando tiene todo el resto a su disposición.

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Ahora bien, hay una excepción: la policía puede acceder a los datos 'en casos de urgencia en los que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida', aunque deben comunicar todo el procedimiento al juez en el plazo de 24 horas. A su vez, el juez confirmará o revocará la actuación en un plazo de 72 horas.

De manera que, si alguna vez un policía nos pide que entreguemos el móvil, es correcto preguntar si tienen autorización judicial para hacerlo y negarse si no la tienen.

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