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¿Puede España llegar a prohibir el WhatsApp?

El pasado lunes 2 de mayo un juez de Brasil ha ordenado bloquear la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp al completo durante 72 horas, dejando sin servicio a los 100 millones de usuarios del país. La orden es la respuesta del juez a la negativa de WhatsApp de revelar información sobre usuarios relacionados con investigaciones sobre el narcotráfico.

No es la primera vez que la justicia brasileña se enfrenta a las redes sociales. En marzo de este año ordenó la detención del vicepresidente de Facebook para Latinoamérica, aunque la orden se revocó al día siguiente. También en diciembre de 2015 un juez prohibió la aplicación durante 48 horas, pero se revocó la orden al cabo de 13 horas. Los motivos siempre son los mismos: intentar forzar a la empresa a colaborar con las investigaciones.

Desde Facebook alegaron que, aunque su compañía había comprado WhatsApp, ambas actúan de forma separada. En WhatsApp afirman que no tienen la información que los jueces les piden, pues no guardan copia de los mensajes. De hecho, uno de las más recientes actualizaciones de WhatsApp consiste precisamente en el cifrado de extremo a extremo de los mensajes, de manera que solo emisor y receptor tienen acceso a ellos.

La polémica se extiende también al Reino Unido, donde el año pasado se discutió en el Parlamento el tema. La idea es crear una legislación que no permita que queden espacios seguros donde los delincuentes no puedan ser alcanzados, refiriéndose a las comunicaciones electrónicas. Esto obligaría a las compañías a entregar mensajes ante el requerimiento de un juez, y se arriesgan a la prohibición en el país en caso de negarse.

La propuesta, por supuesto, también ha creado polémica. Mientras puede ser cierto que todos deseamos que se pueda detener a los delincuentes de cualquier tipo, romper los códigos significaría una importante brecha en la seguridad y privacidad de los usuarios. Además, conlleva una serie de problemas tecnológicos importantes, empezando por el caso de WhatsApp, que ni siquiera almacena los mensajes.

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La Constitución española consagra los derechos a la intimidad y a la privacidad, tanto del propio domicilio como de las comunicaciones, a no ser que un juez disponga de otra manera siempre basado en indicios claros de delito. Sin embargo, prohibir una aplicación no entraría en conflicto con este derecho. La probabilidad de que un juez español decretara el cierre de una red social por ese motivo es casi nula, por cuanto representaría castigar a los millones de usuarios que no tienen nada que ver con la investigación.

Las reacciones de los usuarios no se harían esperar: aparte de sonoras protestas de las que se haría eco toda la prensa, es probable que pasara como en Brasil, que la gente se descargó en masa la aplicación competidora de WhatsApp, Telegram, que quedó colapsada por el volumen de peticiones. Y aunque pueda parecer lo contrario, en Telegram no se alegran de que sus usuarios aumenten tanto por este motivo. Saben que ellos serían los siguientes en quedar prohibidos.

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